Desde 2009, maneja plantaciones forestales junto a un fondo de inversión. Son 84.269 hectáreas en los Esteros del Iberá. Especialistas advierten que podrían convertirse en “amenaza ambiental”. Además, hay denuncias de precariedad laboral.
Por sus riquezas naturales e incentivos productivos, Corrientes se transformó en una de las provincias más apetecibles para los inversores extranjeros. A tal punto que la propia Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos, decidió desembarcar en el corazón de los Esteros del Iberá para dedicarse a la actividad forestal, en una de las reservas de agua dulce más codiciadas del mundo. Tiempo Argentino accedió a documentos según los cuales Harvard, que desde 2009 participa de la explotación de 84.261 hectáreas en Corrientes junto a un fondo de inversión, incumple la Ley Nacional de Bosques. Los ambientalistas, que consideran a la zona como una “verdadera joya ecológica”, advierten que la plantación masiva de pinos “podría convertirse en la principal amenaza para la conservación del Iberá”. Por otra parte, en estancias ligadas a Harvard se registraron denuncias por precariedad laboral.
De las tierras en cuestión, más de 24 mil hectáreas –1,2 dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires– son destinadas a la extracción de pino, con el que se provee a las fábricas de celulosa de la región. Pero se trata de una actividad irregular, ya que las firmas Empresas Verdes Argentinas SA (EVASA) y Las Misiones SA, ambas con participación de Harvard, incumplen normativas provinciales y hasta la Ley 26.331, que protege a los bosques. Así lo señaló la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Turismo de la Nación, al afirmar que “la reglamentación de la Reserva exige a los emprendimientos pre-existentes una adecuación a través de un Plan presentado a las autoridades de aplicación, con el cronograma de Medidas de adecuación, mitigación, compensación o restauración, acompañado del informe ambiental que sustente las mismas”. Pero esto nunca ocurrió. El informe técnico, elaborado el 22 de septiembre de 2010, advierte además que EVASA también incumplió con “la presencia de una franja de amortiguación sin intervención de cultivos ni operación de herramientas agrícolas”, junto al hecho de que “la superficie total de pastizales naturales que la empresa ha conservado en este campo es mucho menor que la exigida”.
Tras un análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas, el documento oficial concluyó que se “ha afectado al menos unas 1000 hectáreas de palmares de yatay poñí, considerados explícitamente bosques por la Ley Nacional 26.331, y además un tipo boscoso de ‘valores biológicos sobresalientes’.”
Antes que finalice este año, se volverá a realizar una auditoría sin previo aviso en los campos para saber si corrigieron los ítems adeudados, dentro de los que se incluyeron las malas condiciones laborales de los trabajadores. “Si no trabajamos, no cobramos. Y si nos llegamos a accidentar, no tenemos asistencia médica. Nos pagan por jornada, que duran entre ocho y diez horas por día, unos 80 pesos”, le contó a este diario un empleado que pidió reservar su identidad, ya que trabaja para la firma Logística SRL, una de las tantas empresas contratistas que prestan servicios a EVASA. “Este año se usó poco agroquímico porque sólo se plantaron 500 hectáreas, pero a mí me ha tocado manipular todo tipo de productos tóxicos sin ninguna protección, sin guantes ni máscaras”, relató el mismo empleado, asignado a uno de los once campos que esta empresa forestal tiene en la zona. Allí, 40 trabajadores viven en campamentos y aseguran no tener feriados ni cobrar horas extras.
La consultora internacional Rainforest Alliance fue la encargada de evaluar si EVASA cumplía los requisitos para obtener el sello verde del Consejo Mundial Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una ONG internacional formada principalmente por representantes de la industria de la madera. Si bien otorgaron a la compañía la certificación que permite ingresar a los mercados internacionales, le hicieron varios señalamientos. Por ejemplo, en la página 39, el informe dejó constancia que “EVASA deberá elaborar e implementar un Programa de Seguridad del Trabajador donde se incluyan las capacitaciones para el personal”, y además enfatizó que “se deben mejorar las condiciones de vivienda y provisión de agua potable a todo el personal y demostrar que cuenta con al menos un profesional habilitado para asesoramiento en Higiene y Seguridad en el Trabajo”. En la misma línea, se advirtió que “en vivienda de operarios (Campamentos) se han identificado deficiencias en las condiciones de salubridad (presencia de plagas)”. Pero mientras aguardan una nueva inspección de la FSC en el lugar, las anomalías persisten. Otra de las reglamentaciones pasadas por alto tiene que ver con la presencia de canales que conectan los bañados y lagunas interiores entre sí y con la cañada principal, afectando el drenaje de todo el sistema de humedales. “Estos canales de desagüe, según la legislación vigente, necesitan contar con un proyecto de obras, Estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública, y ser autorizados por el ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente) con una Declaración de Impacto Ambiental”, advirtió Parques Nacionales en el documento titulado “Aportes para la evaluación de certificación FSC de Empresas Verdes Argentinas”.
Tiempo se comunicó con los responsables de esta firma y de Las Misiones, pero no quisieron hacer declaraciones. Eduardo Bello, gerente de EVASA, se excusó diciendo: “No doy entrevistas a desconocidos”, y Arturo Sandoval, a cargo de Las Misiones, señaló: “No puedo aportarle información, se trata de cuestiones confidenciales que no le puedo revelar.” Asimismo, este diario llamó a las oficinas que HMC tiene en Boston y envió un mail con preguntas a su director de comunicaciones, John Longbrake, quien se comprometió a responder. Al cierre de este artículo, aún no lo había hecho.
Desde 2009, ambas empresas integran las operaciones de Harvard Management Company (HMC), encargada de administrar las inversiones de la universidad en el mundo. En una declaración jurada firmada en mayo de 2011, la President and Fellows of Harvard College, de la que depende HMC, reconoce entre sus activos a varias firmas radicadas en la Argentina. Además de las dos antes mencionadas, figuran Forestal del Río, Quebrada Honda y Estancia Celina, todas con el mismo domicilio legal: Suipacha 1111, piso 18, donde tiene oficinas el estudio jurídico que, entre otros abogados, encabezan Mariano Grondona (h) y José Alfredo Martínez de Hoz (h), los hijos homónimos del conocido periodista y del ex ministro de Economía de la dictadura, respectivamente. De ese estudio forman parte Guillermo Eduardo Quiñoa y Betina Di Croce, que tienen cargos directivos en EVASA. Los demás empresarios que comparten la titularidad de ambas firmas son Jorge Ross Amunáregui, Eduardo Maximiliano Bello Iez y Álvaro Aguirre Simunovic.
HMC se fundó en 1974, maneja un fondo de más de 27 mil millones de dólares y financia una tercera parte del presupuesto anual de la universidad. Para esta tarea, cuenta con un equipo de casi 200 profesionales y destina cada año un 5% de lo recaudado a becas, proyectos de investigación y mejoras edilicias. El resto de los ingresos de Harvard proviene de las suculentas donaciones de empresas y graduados, y de la matrícula de los alumnos, que entre alojamiento y comida ronda los 50 mil dólares al año. Pero este emporio académico se vio jaqueado cuando se pinchó la burbuja financiera mundial y llovieron críticas de la propia comunidad educativa. Hoy, el modelo Harvard está adaptado a la nueva realidad económica y diversificó sus activos en varios rubros: efectivo, instrumentos a corto plazo, acciones, bonos, bienes raíces e inversiones privadas.
Pero, ¿cómo llega Harvard a invertir en la Argentina? En 2003, el magnate estadounidense Douglas Tompkins, que hoy tiene 135 mil hectáreas en los Esteros del Iberá, le compró a Pérez Companc 106 mil hectáreas a través de un grupo inversor por 12 millones de dólares. Pérez Companc, con la firma PECOM, se había instalado en el lugar con la idea de industrializar la madera de pino para obtener pulpa de celulosa de fibra larga. Pero ese proyecto nunca se concretó y, en cambio, se buscó obtener madera para aserrío. En manos de Tompkins nació EVASA, que cuatro años más tarde fue vendida al Global Environment Fund (GEF), uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, dedicado mayormente a colocar dinero en activos forestales de mercados emergentes. GEF delegó el manejo de dichos fondos en el Global Emerging Markets Forestry Investors LLC, que en 2009 vendió parte de las acciones de EVASA a la Harvard Management Company.
Según documentos que se despliegan en estas páginas, la operación incluyó la cesión de 54 mil hectáreas, que los nuevos dueños dividieron de esta forma: 30 mil hectáreas como área de conservación y 24 mil para forestación. Su gerente, el reservado Eduardo Bello, tiene antecedentes en el sector y estuvo vinculado a inversiones de las petrolera Shell en Uruguay. En declaraciones al portal web Desarrollo Forestal, en julio de 2009, Bello confirmó que “el Grupo está considerando invertir en una planta industrial de productos de madera sólida y se están considerando varios mercados internacionales, amén del mercado local”.
El 31 de agosto de 2009, el diario digital correntino Momarandu ya daba cuenta del desembarco de Harvard. En esa oportunidad, el director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestre, confirmó que estos inversores ya habían recorrido la provincia el año anterior. “Sabía que hubo averiguaciones, así que no me extraña que estas ventas comiencen a anunciarse”, dijo Mestre.
Ubicados sobre la divisoria de cuencas de los Esteros del Iberá y del Batelito-Batel, los campos en cuestión están en una zona estratégica, identificada como Área Valiosa de Pastizal y Área Importante para la Conservación de las Aves, localizada, en parte, dentro de la Reserva Provincial Iberá, creada en 1983 con el propósito de conservar “los recursos naturales, las principales características fisiográficas, las bellezas escénica y los ecosistemas”. A pesar de ello, Corrientes es la provincia con la mayor superficie forestada del país, 420 mil hectáreas, y tiene posibilidades de ampliarse, a pesar de que los expertos alertan que “el remplazo masivo de estos ambientes abiertos por plantaciones forestales producirá inexorablemente una caída de la complejidad y abundancia de la fauna silvestre nativa”. Así lo señala un grupo de ONG (Greenpeace, Aves Argentinas, Fundación Biodiversidad, entre otras), que elaboró un documento crítico cuando se los consultó sobre la certificación FSC a EVASA. Ese paper sostuvo que un panel internacional de especialistas en invasiones biológicas advirtió que la “Argentina está ingresando en un proceso de forestación que puede resultar riesgoso si no se toman en cuenta los efectos negativos”. Además, en un análisis preliminar del riesgo de invasión de los ambientes naturales de la reserva por pinus elliottii (tipo de pino que planta Harvard), se concluyó que en los próximos años “un proceso severo de expansión” de esa especie “podría convertirse en la principal amenaza para la conservación del Iberá”. También se alertó que es factible “la reducción o desaparición de algunos humedales”, así como “una amenaza directa e indirecta para la preservación de las especies de fauna”.
La extranjerización ya es una realidad en todo el país, pero en el noroeste argentino es cada vez más palpable. A las polémicas inversiones hechas por magnates internacionales como George Soros –en alianza con el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda– o la millonaria francesa Madame Beaux, se suma un caso hasta ahora desconocido: el de Harvard, que lejos de su campus en Cambridge, invierte en empresas que van a contramano de la legislación provincial y nacional vigentes.
De las tierras en cuestión, más de 24 mil hectáreas –1,2 dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires– son destinadas a la extracción de pino, con el que se provee a las fábricas de celulosa de la región. Pero se trata de una actividad irregular, ya que las firmas Empresas Verdes Argentinas SA (EVASA) y Las Misiones SA, ambas con participación de Harvard, incumplen normativas provinciales y hasta la Ley 26.331, que protege a los bosques. Así lo señaló la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Turismo de la Nación, al afirmar que “la reglamentación de la Reserva exige a los emprendimientos pre-existentes una adecuación a través de un Plan presentado a las autoridades de aplicación, con el cronograma de Medidas de adecuación, mitigación, compensación o restauración, acompañado del informe ambiental que sustente las mismas”. Pero esto nunca ocurrió. El informe técnico, elaborado el 22 de septiembre de 2010, advierte además que EVASA también incumplió con “la presencia de una franja de amortiguación sin intervención de cultivos ni operación de herramientas agrícolas”, junto al hecho de que “la superficie total de pastizales naturales que la empresa ha conservado en este campo es mucho menor que la exigida”.
Tras un análisis de imágenes satelitales y fotos aéreas, el documento oficial concluyó que se “ha afectado al menos unas 1000 hectáreas de palmares de yatay poñí, considerados explícitamente bosques por la Ley Nacional 26.331, y además un tipo boscoso de ‘valores biológicos sobresalientes’.”
Antes que finalice este año, se volverá a realizar una auditoría sin previo aviso en los campos para saber si corrigieron los ítems adeudados, dentro de los que se incluyeron las malas condiciones laborales de los trabajadores. “Si no trabajamos, no cobramos. Y si nos llegamos a accidentar, no tenemos asistencia médica. Nos pagan por jornada, que duran entre ocho y diez horas por día, unos 80 pesos”, le contó a este diario un empleado que pidió reservar su identidad, ya que trabaja para la firma Logística SRL, una de las tantas empresas contratistas que prestan servicios a EVASA. “Este año se usó poco agroquímico porque sólo se plantaron 500 hectáreas, pero a mí me ha tocado manipular todo tipo de productos tóxicos sin ninguna protección, sin guantes ni máscaras”, relató el mismo empleado, asignado a uno de los once campos que esta empresa forestal tiene en la zona. Allí, 40 trabajadores viven en campamentos y aseguran no tener feriados ni cobrar horas extras.
La consultora internacional Rainforest Alliance fue la encargada de evaluar si EVASA cumplía los requisitos para obtener el sello verde del Consejo Mundial Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una ONG internacional formada principalmente por representantes de la industria de la madera. Si bien otorgaron a la compañía la certificación que permite ingresar a los mercados internacionales, le hicieron varios señalamientos. Por ejemplo, en la página 39, el informe dejó constancia que “EVASA deberá elaborar e implementar un Programa de Seguridad del Trabajador donde se incluyan las capacitaciones para el personal”, y además enfatizó que “se deben mejorar las condiciones de vivienda y provisión de agua potable a todo el personal y demostrar que cuenta con al menos un profesional habilitado para asesoramiento en Higiene y Seguridad en el Trabajo”. En la misma línea, se advirtió que “en vivienda de operarios (Campamentos) se han identificado deficiencias en las condiciones de salubridad (presencia de plagas)”. Pero mientras aguardan una nueva inspección de la FSC en el lugar, las anomalías persisten. Otra de las reglamentaciones pasadas por alto tiene que ver con la presencia de canales que conectan los bañados y lagunas interiores entre sí y con la cañada principal, afectando el drenaje de todo el sistema de humedales. “Estos canales de desagüe, según la legislación vigente, necesitan contar con un proyecto de obras, Estudio de Impacto Ambiental, Audiencia Pública, y ser autorizados por el ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente) con una Declaración de Impacto Ambiental”, advirtió Parques Nacionales en el documento titulado “Aportes para la evaluación de certificación FSC de Empresas Verdes Argentinas”.
Tiempo se comunicó con los responsables de esta firma y de Las Misiones, pero no quisieron hacer declaraciones. Eduardo Bello, gerente de EVASA, se excusó diciendo: “No doy entrevistas a desconocidos”, y Arturo Sandoval, a cargo de Las Misiones, señaló: “No puedo aportarle información, se trata de cuestiones confidenciales que no le puedo revelar.” Asimismo, este diario llamó a las oficinas que HMC tiene en Boston y envió un mail con preguntas a su director de comunicaciones, John Longbrake, quien se comprometió a responder. Al cierre de este artículo, aún no lo había hecho.
Desde 2009, ambas empresas integran las operaciones de Harvard Management Company (HMC), encargada de administrar las inversiones de la universidad en el mundo. En una declaración jurada firmada en mayo de 2011, la President and Fellows of Harvard College, de la que depende HMC, reconoce entre sus activos a varias firmas radicadas en la Argentina. Además de las dos antes mencionadas, figuran Forestal del Río, Quebrada Honda y Estancia Celina, todas con el mismo domicilio legal: Suipacha 1111, piso 18, donde tiene oficinas el estudio jurídico que, entre otros abogados, encabezan Mariano Grondona (h) y José Alfredo Martínez de Hoz (h), los hijos homónimos del conocido periodista y del ex ministro de Economía de la dictadura, respectivamente. De ese estudio forman parte Guillermo Eduardo Quiñoa y Betina Di Croce, que tienen cargos directivos en EVASA. Los demás empresarios que comparten la titularidad de ambas firmas son Jorge Ross Amunáregui, Eduardo Maximiliano Bello Iez y Álvaro Aguirre Simunovic.
HMC se fundó en 1974, maneja un fondo de más de 27 mil millones de dólares y financia una tercera parte del presupuesto anual de la universidad. Para esta tarea, cuenta con un equipo de casi 200 profesionales y destina cada año un 5% de lo recaudado a becas, proyectos de investigación y mejoras edilicias. El resto de los ingresos de Harvard proviene de las suculentas donaciones de empresas y graduados, y de la matrícula de los alumnos, que entre alojamiento y comida ronda los 50 mil dólares al año. Pero este emporio académico se vio jaqueado cuando se pinchó la burbuja financiera mundial y llovieron críticas de la propia comunidad educativa. Hoy, el modelo Harvard está adaptado a la nueva realidad económica y diversificó sus activos en varios rubros: efectivo, instrumentos a corto plazo, acciones, bonos, bienes raíces e inversiones privadas.
Pero, ¿cómo llega Harvard a invertir en la Argentina? En 2003, el magnate estadounidense Douglas Tompkins, que hoy tiene 135 mil hectáreas en los Esteros del Iberá, le compró a Pérez Companc 106 mil hectáreas a través de un grupo inversor por 12 millones de dólares. Pérez Companc, con la firma PECOM, se había instalado en el lugar con la idea de industrializar la madera de pino para obtener pulpa de celulosa de fibra larga. Pero ese proyecto nunca se concretó y, en cambio, se buscó obtener madera para aserrío. En manos de Tompkins nació EVASA, que cuatro años más tarde fue vendida al Global Environment Fund (GEF), uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, dedicado mayormente a colocar dinero en activos forestales de mercados emergentes. GEF delegó el manejo de dichos fondos en el Global Emerging Markets Forestry Investors LLC, que en 2009 vendió parte de las acciones de EVASA a la Harvard Management Company.
Según documentos que se despliegan en estas páginas, la operación incluyó la cesión de 54 mil hectáreas, que los nuevos dueños dividieron de esta forma: 30 mil hectáreas como área de conservación y 24 mil para forestación. Su gerente, el reservado Eduardo Bello, tiene antecedentes en el sector y estuvo vinculado a inversiones de las petrolera Shell en Uruguay. En declaraciones al portal web Desarrollo Forestal, en julio de 2009, Bello confirmó que “el Grupo está considerando invertir en una planta industrial de productos de madera sólida y se están considerando varios mercados internacionales, amén del mercado local”.
El 31 de agosto de 2009, el diario digital correntino Momarandu ya daba cuenta del desembarco de Harvard. En esa oportunidad, el director de Recursos Forestales de Corrientes, Luis Mestre, confirmó que estos inversores ya habían recorrido la provincia el año anterior. “Sabía que hubo averiguaciones, así que no me extraña que estas ventas comiencen a anunciarse”, dijo Mestre.
Ubicados sobre la divisoria de cuencas de los Esteros del Iberá y del Batelito-Batel, los campos en cuestión están en una zona estratégica, identificada como Área Valiosa de Pastizal y Área Importante para la Conservación de las Aves, localizada, en parte, dentro de la Reserva Provincial Iberá, creada en 1983 con el propósito de conservar “los recursos naturales, las principales características fisiográficas, las bellezas escénica y los ecosistemas”. A pesar de ello, Corrientes es la provincia con la mayor superficie forestada del país, 420 mil hectáreas, y tiene posibilidades de ampliarse, a pesar de que los expertos alertan que “el remplazo masivo de estos ambientes abiertos por plantaciones forestales producirá inexorablemente una caída de la complejidad y abundancia de la fauna silvestre nativa”. Así lo señala un grupo de ONG (Greenpeace, Aves Argentinas, Fundación Biodiversidad, entre otras), que elaboró un documento crítico cuando se los consultó sobre la certificación FSC a EVASA. Ese paper sostuvo que un panel internacional de especialistas en invasiones biológicas advirtió que la “Argentina está ingresando en un proceso de forestación que puede resultar riesgoso si no se toman en cuenta los efectos negativos”. Además, en un análisis preliminar del riesgo de invasión de los ambientes naturales de la reserva por pinus elliottii (tipo de pino que planta Harvard), se concluyó que en los próximos años “un proceso severo de expansión” de esa especie “podría convertirse en la principal amenaza para la conservación del Iberá”. También se alertó que es factible “la reducción o desaparición de algunos humedales”, así como “una amenaza directa e indirecta para la preservación de las especies de fauna”.
La extranjerización ya es una realidad en todo el país, pero en el noroeste argentino es cada vez más palpable. A las polémicas inversiones hechas por magnates internacionales como George Soros –en alianza con el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda– o la millonaria francesa Madame Beaux, se suma un caso hasta ahora desconocido: el de Harvard, que lejos de su campus en Cambridge, invierte en empresas que van a contramano de la legislación provincial y nacional vigentes.
